Al descubierto quedó una red delincuencial que habría estafado a más de 1.000 personas con falsos beneficios turísticos. Las autoridades atendieron denuncias y avanzaron con las investigaciones.
Dos de los presuntos integrantes fueron judicializados y asegurados tras ser señalados de contactar personas vulnerables en centros comerciales, ofrecerles bonos, descuentos y planes turísticos con el propósito de apoderarse de sus datos personales y posteriormente abrir productos financieros a su nombre.
En una acción contra las estructuras que afectan el patrimonio de los ciudadanos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos posibles integrantes de una red delincuencial señalada de engañar sistemáticamente a más de 1.000 personas en Medellín, departamento de Antioquia, mediante la oferta de falsas membresías y facilidades para acceder a paquetes turísticos, con el fin de conocer información privilegiada de las víctimas y tramitar productos financieros a su nombre.
Se trata de Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, presunto cabecilla de la organización, y Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, quienes, mediante maniobras fraudulentas, habrían obtenido más de 14.000 millones de pesos.
De acuerdo con las evidencias recaudadas, el grupo delictivo creó varias empresas fachadas que simulaban ser agencias de viajes legítimas, dotadas de infraestructura, empleados y apariencia comercial, con el propósito de generar confianza y facilitar el engaño.
De esta manera, contactaba a adultos mayores, ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas o población vulnerable, y les hacían creer que habían sido favorecidos con bonos y descuentos exclusivos de alto nivel.
Posteriormente, los conducían a las oficinas de las supuestas agencias, donde les exigía, como requisito de ingreso, entregar cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos móviles, con el pretexto de validar dichos beneficios.
De manera paralela, otros involucrados en el entramado ilegal accedían a la información contenida en los dispositivos, abrían productos financieros a título de las víctimas y realizaban transacciones fraudulentas, desviando los recursos hacia cuentas que estaban en su control.
En desarrollo de las labores de policía judicial lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro en Medellín y La Ceja (Antioquia), y Manizales (Caldas), en las que fueron incautados discos duros, computadores, celulares, bases de datos y otros elementos de interés para el proceso.
