Tribunal confirma responsabilidad del Estado por muerte de menor de 17 años en un municipio del sur del departamento de Nariño. Decisión judicial sobre hechos ocurridos durante una operación militar en el 2017.
Es así que el Tribunal Administrativo de Nariño, confirmó la responsabilidad patrimonial de la Nación, Ministerio de Defensa–Ejército Nacional, por la muerte de un menor de 17 años, hechos ocurridos el 24 de marzo de 2017, en la vereda de Miraflores, jurisdicción del municipio de Cumbal, durante la operación militar denominada ‘Monarca’. Así lo manifestó Diario del Sur.
Según el fallo, no se demostró que el menor de 17 años estuviera armado, que hubiera participado en un combate o que representara una amenaza para los uniformados. La Sala también encontró contradicciones en algunas declaraciones de integrantes de la Fuerza Pública y concluyó que el Ejército Nacional no logró justificar la muerte como resultado de una actuación legítima de defensa.
La familia de la víctima acudió a la justicia mediante una demanda de reparación directa, iniciando una batalla judicial que se extendió durante varios años, pero que finalmente les dieron la razón. En segunda instancia, el Tribunal mantuvo la declaración de responsabilidad estatal y modificó la condena económica, aumentando la reparación por perjuicios morales debido a las circunstancias particulares del caso y a que la víctima era menor de edad. Señaló el medio digital.
La representación judicial de los familiares estuvo a cargo del abogado José Alejandro Villota, quien durante el proceso controvirtió la versión según la cual la muerte del adolescente habría ocurrido en medio de un enfrentamiento.
El fallo trasciende la reparación económica: la decisión judicial reafirma que, incluso durante operaciones militares, la vida de los civiles cuenta con una protección especial y que el uso de la fuerza por parte del Estado debe estar respaldado por las normas y circunstancias que permitan justificarlo.
Siete años después de los hechos, la justicia administrativa vuelve a poner este caso de Nariño en el centro del debate sobre la protección de los civiles durante operaciones militares. Concluyó el portal de noticias.
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