Los congresistas del Pacto Histórico sostienen que la anterior vinculación de Ana María Vesga como Presidenta de ACEMI, gremio que defiende a las EPS, configura un conflicto de interés para participar en las decisiones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El Representante a la Cámara por Nariño Erick Velasco y el senador Kevin Gómez Paz radicaron una recusación contra la ministra de Salud, Ana María Vesga, con la que buscan que la funcionaria se aparte de las actuaciones relacionadas con la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027, uno de los principales componentes de financiación del sistema de salud.
La acción se fundamenta en la vinculación que tuvo Vesga como Presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), gremio que representa los intereses de las EPS, cargo que ocupó inmediatamente antes de asumir el Ministerio.
Los congresistas consideran que esta circunstancia configura una causal de impedimento para intervenir en una decisión que incide directamente sobre los recursos que reciben estas entidades.
La UPC corresponde al valor que se reconoce por cada afiliado para financiar las prestaciones incluidas en el sistema de salud. Precisamente por el impacto económico y sanitario de su definición, Gómez y Velasco sostienen que el proceso para establecer su valor en 2027 debe contar con garantías de independencia y transparencia.
“La discusión es muy sencilla: quien hasta hace pocos días representaba los intereses de las EPS no debería participar ahora, desde el Estado, en una decisión que incide directamente sobre los recursos que reciben esas mismas entidades. Estamos utilizando los mecanismos que establece la ley para que esta decisión se adopte con independencia y transparencia”, señalaron los congresistas.
En el documento de recusación presentado, se invoca el numeral 16 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que contempla como causal de impedimento haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de un gremio o asociación relacionado con el asunto objeto de decisión. En tal sentido, la trayectoria inmediatamente anterior de la ministra plantea una situación que debe ser evaluada antes de que participe en la definición de la UPC.
“La UPC es el valor que las EPS reciben por cada afiliado; la doctora Vesga cobraba por defender y representar a las EPS en la definición de ese valor. La ley busca evitar que conflictos de interés tan evidentes como el de la doctora Vesga determinen las decisiones del Estado y eso es lo que defendemos con esta recusación”, afirmaron el Representante y el Senador.
Gómez y Velasco señalaron que el propósito de la actuación no es cuestionar la experiencia profesional de la ministra en el sector, sino establecer si su participación en esta decisión específica ofrece las garantías necesarias de independencia frente a los actores directamente interesados en su resultado.
La recusación radicada será conocida por el Consejo de Ministros, instancia que deberá adoptar una decisión sobre la participación de Vesga en las actuaciones relacionadas con la UPC. Los congresistas anunciaron que harán seguimiento a la decisión y solicitarán que sus fundamentos sean conocidos públicamente.
