A través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Fiscalía General de la Nación adelanta desde hace varios meses una rigurosa investigación, para individualizar y someter a la justicia penal a los servidores públicos y a los particulares que participaron en los presuntos hechos de corrupción en la compra de carrotanques destinados al suministro de agua potable a las comunidades vulnerables de La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación activó de inmediato la mañana de este sábado todos los medios a su alcance para brindar las medidas de seguridad que le acaba de solicitar la defensa del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, de quien espera que en esta tercera oportunidad en que es citado acuda y permita la realización de la diligencia del próximo 8 de mayo ante el despacho a cargo de la indagación de este grave episodio de corrupción.
En el marco jurídico de sus funciones, la entidad insiste en su entera disposición de brindar protección, escuchar y recibir la versión de todas las personas, funcionarios y exempleados públicos que conserven pruebas e información que permitan sustentar legalmente ante los jueces competentes la investigación penal.
La Fiscalía General de la Nación ha venido asegurando pleno respaldo en equipo técnico y científico, logístico y de policía judicial a la fiscal responsable del caso en la Dirección Especializada contra la Corrupción. Funcionaria que, por disposición de nuestro ordenamiento jurídico, tiene y tendrá garantizado el ejercicio autónomo e independiente de esta y todas sus investigaciones. Al respecto, es preciso aclarar que ni la Dirección de Asuntos Jurídicos ni otras dependencias de la entidad tienen facultades para interferir en las tareas
de los fiscales.
Con o sin las anunciadas ofertas públicas de colaboración judicial por parte de los exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía General de la Nación llevará hasta sus últimas consecuencias el proceso penal contra todos los involucrados en este inaceptable acto de corrupción, ya se trate de particulares o de altos servidores del Estado.
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