Los responsables del asesinato del líder indígena Marcos Moisés López Enríquez, ocurrido el 11 de febrero de 2023 en una zona rural del municipio de Mallama, Nariño, han sido condenados a penas de prisión tras aceptar su responsabilidad en el crimen.
La Fiscalía General de la Nación, mediante un proceso investigativo adelantado por la Unidad Especial de Investigación, UEI, logró demostrar la implicación de tres hombres en este asesinato, que aceptaron su culpa mediante un preacuerdo.
Luis Humberto Trejos Riascos, conocido como alias Pinchao; Elbix José David Malpica Rosales de nacionalidad venezolana y Luis Alberto Gil Ballesteros, alias Rolo o PH, fueron sentenciados por la juez penal de conocimiento de Túquerres a penas de entre 17 y 18 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
De acuerdo con la investigación, el ataque contra López Enríquez, ocurrió cuando la víctima se desplazaba junto a otras personas hacia un cabildo indígena ubicadoi en el municipio de Ipiales.
En el camino, el grupo fue interceptado por los responsables, que, además, de asesinar al líder indígena, robaron las pertenencias de los acompañantes y los amenazaron para que no denunciaran el hecho a las autoridades.
La investigación reveló que alias Pinchao, fue quien ordenó el ataque, mientras que ‘Rolo’ y Malpica Rosales se encargaron de sacar a López Enríquez de la camioneta y dispararle a sangre fría, cuando apenas había arrancado de su lugar de residencia ubicada en una zona de Mallama.
Marcos Moisés López Enríquez, quien en vida fue representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, y gobernador del Resguardos Gran Mallama en 2021, se destacaba por su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.
Su asesinato representó un trágico golpe a la comunidad indígena en el departamento de Nariño y a la lucha por la justicia social en el territorio indígena.
La sentencia definitiva sobre este caso es un paso más en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia y en la protección de los líderes sociales y comunitarios que enfrentan amenazas en su ejercicio de defensa de los derechos humanos.
