En Pasto expertos analizan una condena que asciende a cerca de tres mil millones de pesos ha sido impuesta al Estado colombiano, específicamente a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de libertad que varias personas sufrieron en el municipio de Tumaco, costa de Nariño.
De acuerdo a las investigaciones, las víctimas fueron detenidas bajo cargos que posteriormente se demostraron que las acusaciones serían falsas, y al ser finalmente declaradas no culpables, decidieron demandar al Estado por los daños y perjuicios ocasionados.
El proceso judicial, que se extendió por casi ocho años, tuvo como principales defensores a los abogados Jesús Villota Paredes y José Alejandro Villota, quienes presentaron la demanda ante los Juzgados Administrativos de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño.
Cabe resaltar que los abogados expresaron su satisfacción con el fallo favorable, que, aunque tardío, reconoce la grave injusticia sufrida por los demandantes.
Medidas
El caso es un claro ejemplo de cómo las autoridades estatales pueden causar un daño significativo cuando imponen medidas de aseguramiento, ya sea en centros penitenciarios o mediante otras restricciones de libertad, sobre personas que luego son declaradas inocentes.
Los abogados Villota, especialistas en derecho administrativo y responsabilidad extracontractual del Estado, destacaron la gravedad de este tipo de actuaciones, que no solo afectan la libertad de los individuos involucrados, sino también su reputación y bienestar.
«Este tipo de errores por parte de las entidades estatales tiene consecuencias muy graves. Las personas que han sido privadas de su libertad injustamente sufren un daño profundo y es necesario que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados», explicaron los profesionales del derecho. La sentencia judicial refleja esta posición, ordenando una indemnización por el daño ocasionado.
Afectados
El fallo subraya que las víctimas de la privación injusta de libertad pueden acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta es una vía legal que permite a los afectados obtener una indemnización por los perjuicios que les ha causado la actuación indebida de las autoridades.
El proceso, que comenzó en 2017, culminó con la condena contra el Estado y establece un precedente importante para aquellos que han sufrido injusticias similares. Para los abogados Villota, este tipo de casos es crucial para garantizar la responsabilidad del Estado y asegurar que las víctimas reciban una compensación adecuada.
