El Ministerio Público investiga si los concejales incurrieron en faltas disciplinarias al sesionar desde otro lugar distinto a las instalaciones creadas para estos menesteres.
Por haber sesionado en un lugar no permitido por las normas que rigen a los concejos municipales, varios concejales de Ipiales (Nariño) se encuentran en la mira de la Procuraduría y podrían correr el riesgo de perder su investidura.
La situación de los funcionarios se presentó el pasado 29 de febrero cuando no vieron inconveniente en trasladarse al corregimiento La Victoria en donde sesionaron para tratar temas de programas sociales.
El caso, ventilado por medios de comunicación, mereció atención del procurador Provincial, Mario Coral Caicedo, quien advirtió que los concejales pudieron haber incurrido en posibles faltas disciplinarias al sesionar fuera del recinto estipulado para tales efectos y, además, cobrar honorarios por dicha sesión, vulnerando los artículos 23 y 24 de la Ley 136 de 1994.
Lo curioso de los hechos es que como resultado de la sesión se acordó la actualización de viáticos para el alcalde y funcionarios de la alcaldía de Ipiales y el pago de honorarios a los miembros de la Junta Administradora Local de La Victoria.
Este episodio llevó al delegado del ente de control a abrir indagación previa contra concejales por determinar por presunto incumplimiento de deberes y extralimitación de funciones.
Los concejales presuntamente implicados en el hecho que investiga la Procuraduría serían Adrian Guerrero, Carlos Hualpa, David Almeida, Edmar Rosero, Iván Chalaca, Jaime Revelo, Lizandro Chamorro, Mauricio Portillo, Miguel Huertas, Raúl Malpúd y William Benavides
